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07 de octubre de 2012 | por: EADIC | 0 comentarios

El Peaje en Autovías: los intereses

Francisco José Lucas Ochoa, nos trae una interesante reflexión sobre los peajes en autovías. Él es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM y ejerce actualmente de Technical & Development Manager de Asfaltos en la empresa petrolera Repsol, siendo el responsable técnico de los productos bituminosos producidos y comercializados por Repsol en Europa.

peaje en autovías

Imparte el el Curso de Firmes Bituminosos en Eadic en el cual colabora la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) y nos propone el siguiente artículo que reproducimos aquí.

Francisco José Lucas Ochoa (Profesor): Os dejo una interesante reflexión, sobre el pago de peajes en autovías, realizada por los profesores del Val y Camarero, en el diario EL MUNDO.

El interés del peaje en autovías, de Miguel A. Del Val y Alberto Camarero en El Mundo:

“Según dos profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, los constructores y concesionarios tratan de aprovechar la avidez de Hacienda por recaudar más.

En España aún no se ha transpuesto al ordenamiento jurídico nacional la directiva europea relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, más conocida como la euroviñeta.

Sin embargo, en los últimos años distintos sectores están presionando con insistencia creciente para que se implante una tasa por uso de las carreteras, más allá de lo establecido en la directiva europea, pues pretenden que se aplique también a los vehículos ligeros. Sostienen que solo así se podrán garantizar los fondos necesarios para la conservación de las carreteras y acometer nuevos desarrollos.

El Gobierno no ha asumido todavía ninguna propuesta y, además, no se conoce ningún estudio del Ministerio del Fomento sobre cómo influiría la medida en los intereses generales. Además del obvio incremento de los costes de transporte de las mercancías y en su caso de las personas, la aplicación de una tasa a todos los vehículos que circulen por las vías de gran capacidad afectaría al derecho a la movilidad, aumentaría la desigualdad entre ciudadanos y entre territorios, influiría negativamente en la siniestralidad y desincentivaría el turismo.

Tampoco existe ningún plan claro respecto a cómo se gestionaría el cobro de la tasa ni su aplicación, algo que debería explicar el Ministerio de Hacienda.

Los impulsores de la aplicación generalizada de la tasa son los grandes grupos constructores y concesionarios de nuestro país, en la medida en que se trata de algo que favorecería sus intereses. No se suele resaltar suficientemente que lo que dichos grupos persiguen en última instancia es que la gestión de la nueva situación se lleve a cabo mediante la concesión de las vías afectadas, lo que, de producirse, supondría un elevado coste añadido.

Pero ese es el núcleo del negocio, y es legítimo que los que tienen expectativas de hacerse con él lo promuevan como están haciendo.

La Administración, en cambio, parece que ni siquiera se plantea la posibilidad de gestionar directamente la tasa en caso de implantarla; todo el pensamiento oficial se reduce al mantra de que «quien use la infraestructura, que la pague», olvidando que además de los usuarios hay otros beneficiarios, y que si ahora parece que no hay recursos suficientes para la conservación de las carreteras no sólo se debe a los actuales ajustes presupuestarios, sino a una poco afortunada gestión, desde hace años, en la aplicación de los fondos disponibles.

Otra alternativa que se está proponiendo desde los grupos antes mencionados, técnicamente diferente a la anterior, es la de convertir los llamados peajes en la sombra (quien paga la tarifa al concesionario no es el usuario, sino la Administración) en peajes directos.

Además de la repercusión que esto tendría en los usuarios, llama la atención que los mismos que preconizaron el sistema de peajes en la sombra, con inconvenientes como el endeudamiento a largo plazo, ahora teoricen sobre la bondad del cambio y apuesten por él.

El pago directo por uso de las vías de gran capacidad pondría a las actuales autopistas de peaje en una situación más favorable para captar unos tráficos que ahora no tienen, mejorando así sus cuentas de explotación. En este sentido es importante resaltar que los mecanismos que se están intentando desarrollar, tanto por parte de los concesionarios como de la propia Administración, conducen a minimizar el riesgo de los primeros, lo que supone en paralelo la asunción de mayores cargas para ciudadanos. Hay que recordarles a unos y otros que, por ejemplo, las concesiones en los puertos comerciales son a riesgo del concesionario, como así debe ser.

Y no se puede olvidar que ya la fiscalidad específica del sector del transporte aporta a la caja común una buena cantidad de fondos que después solo se aplican en una pequeña proporción al propio sector y a sus infraestructuras. De una manera directa, el usuario ya paga por el uso de todas las carreteras, a través del impuesto sobre los carburantes, por lo que volverle a cobrar sería injusto y afectaría a la ya mermada renta de los españoles.

Si lo que se quiere es recaudar más -este es el objetivo de Hacienda-, gravar aún más los hidrocarburos sería la forma más directa, más rápida y menos costosa. Pero es evidente que no favorecería los intereses de los grupos concesionarios y constructores, ni tampoco el de los maltrechos usuarios.

Miguel A. Del Val y Alberto Camarero son respectivamente catedrático de Ingeniería de Carreteras y director del departamento de Transporte Civil de la Universidad Politécnica de Madrid.”

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